Contexto, choques, acontecimientos en curso e impacto de la crisis
Honduras enfrenta crecientes riesgos multidimensionales y superpuestos en un contexto de extrema fragilidad, conflictos políticos y sociales exacerbados por la pandemia de COVID-19, los efectos del cambio climático, el desplazamiento forzado y la migración.
La pandemia y los impactos de los fenómenos climatológicos provocaron la mayor caída del Producto Interior Bruto en los últimos 20 años (nueve por ciento a finales de 2020).
Según estimaciones oficiales, más del 59 por ciento de la población vive en la pobreza y más del 32 por ciento en pobreza extrema, en su mayoría mujeres. El 20 por ciento de los niños y niñas sufre retraso en el crecimiento, en medio de una creciente inseguridad alimentaria y altos niveles de desigualdad y violencia que afectan desproporcionadamente a mujeres, niñas, población LGBTIQ+ y personas que viven en zonas urbanas periféricas o en zonas rurales.
En este contexto, las necesidades humanitarias se ven impulsadas por altos índices de pobreza y pobreza extrema, choques climáticos recurrentes, violencia crónica, alarmantes estadísticas de Violencia Basada en Género (VBG), el acceso limitado a los servicios básicos y los impactos de los movimientos mixtos. Estas necesidades sostenidas han formado un tejido complejo de vulnerabilidades que la acción humanitaria ha buscado atender desde hace años con un abordaje intersectorial.
Entre los choques que han impulsado las necesidades humanitarias en el último año se encuentra la activa temporada de lluvias de 2022, que ha afectado las mismas zonas que sufrieron el impacto de las Tormentas Eta e Iota en 2020, así como zonas con presencia de maras y pandillas, incrementando los retos en la provisión de la asistencia. Las inundaciones causadas por las lluvias y los efectos del fenómeno de La Niña han supuesto un incremento de cerca del 100 por ciento en el número de personas afectadas en comparación con 2021 y amenazan la producción de alimentos en los próximos meses. Sólo en septiembre de 2022, las inundaciones afectaron a más de 67.700 personas, siete veces más que las 9.000 afectadas en los cuatro meses anteriores.
En octubre de 2022, la Tormenta Tropical Julia dejó estragos en 15 de los 18 departamentos del país. Se estima que las inundaciones han afectado unas 200.000 personas en el Valle de Sula (norte) y 24.000 en el departamento de Gracias a Dios (20 por ciento de su población), donde habita el pueblo misquito, minando su resiliencia y medios de vida.
Por otro lado, el aumento de la inflación y de los precios de los alimentos ha puesto a prueba el poder adquisitivo de los hogares de bajos ingresos, limitando su acceso a alimentos básicos. En junio de 2022, los precios del maíz blanco, fertilizantes y energía aumentaron un 70, 88 y 30 por ciento respectivamente. La crisis del coste de la vida amenaza con agravar una situación de seguridad alimentaria ya de por sí grave: antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, se estimaba que 2,6 millones de personas (el 28 por ciento de la población) enfrentaban crisis o niveles peores de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 o peor CIF). Según las proyecciones esta cifra podría aumentar de 0,5 millón hasta junio de 2023.
Honduras figura como país de alto riesgo en el índice de riesgo INFORM y según “Insight-Crime”, el país se encuentra entre los más violentos debido al narcotráfico, las pandillas, la corrupción y la actividad de organizaciones criminales transnacionales. Los impactos de la violencia incluyen homicidios, femicidios, desapariciones forzadas, restricciones a la movilidad y libertad, el uso, utilización y reclutamiento forzado de menores por las pandillas, VBG, extorsiones, desalojos forzados, despojos y el desplazamiento forzado.
En 2021, la tasa de homicidios fue de 38.6 por cada 100.000 habitantes, 13.1 puntos por encima de la tasa de Latinoamérica y el Caribe (LAC) y la más elevada de Centroamérica. Esta cifra significa que perdieron la vida de manera violenta 10 personas cada día en promedio (3.651 homicidios de enero a diciembre).
La violencia afecta de manera desproporcionada y diferencial a las mujeres, personas LGBTIQ+, niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) y personas con discapacidad. La tasa de feminicidio (6.8/100.000) es la más alta de LAC y casi triplica la tasa global (2.3/100.000). Casi el 68 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Los NNA son especialmente vulnerables a la violencia y a ser objeto de represalias, incluida la exigencia de ser “banderas” o informantes. El 4.5 por ciento de las víctimas de homicidio en 2021 eran NNA.
En 2022 se registró un aumento en los movimientos mixtos, exacerbando las necesidades humanitarias. Las autoridades nacionales informan que más de 140.000 personas ingresaron por puntos irregulares entre enero y octubre de 2022, nueve veces más que las reportadas en 2021. A 28 de septiembre se registró la cifra récord de 109.505 ingresos irregulares.
El ingreso, tránsito y salida de personas refugiadas y migrantes integrantes de movimientos mixtos que se dirigen hacia el norte ha supuesto retos para las capacidades de respuesta en el país, muy especialmente en la frontera sureste, donde las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ enfrentan crecientes riesgos de VBG.
Más de 8.000 personas hondureñas en promedio mensual han sido retornadas este año a Honduras (82.968 personas hasta el 31 de octubre), de las cuales el 9.7 por ciento son niñas, 16.4 por ciento niños, 17.2 por ciento mujeres y 56.7 por ciento hombres, superando el número de personas retornadas en 2021 para este mismo periodo (58.608 personas). El retorno forzado conlleva, en la mayoría de los casos, nuevos riesgos de seguridad y dignidad dado el limitado acceso a documentación civil y la falta de programas de retorno estatales.
En 2021 aumentaron las deportaciones desde Estados Unidos y México con respecto a 2020. Unos 12.194 niños y niñas fueron deportados, de los cuales 5.553 no estaban acompañados. Adicionalmente, las escuelas permanecieron cerradas desde 2020, privando a los NNA de uno de sus principales entornos de protección. Las niñas y niños retornados, principalmente los no acompañados, son invisibles para el sistema de protección en Honduras y carecen de acceso a los servicios básicos. Al ser excluidos y extremadamente vulnerables, son fácilmente estigmatizados por la sociedad y muchos se ven forzados a salir del país nuevamente.
Según datos porcentuales de la encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA MICS 2019), el Área de Responsabilidad de Protección de la Niñez estimó que 350.000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan en labores peligrosas (trabajo con químicos y explosivos, entre otros) o expuestos a objetos, procesos o condiciones inseguras o insalubres.