Desde el 2020 se ha generado una expansión territorial de los grupos armados no estatales, quienes han convertido los principales ríos que atraviesan el departamento en corredores de economías ilegales hacia Brasil, intentando controlar el territorio. Gracias a la condición geográfica de Amazonas establecen alianzas cada vez más fuertes con grupos criminales internacionales (de Brasil, México y Perú) para la consolidación de un corredor de narcotráfico internacional. Su presencia y sus acciones generan afectaciones individuales y colectivas a la población civil. Los principales hechos victimizantes son: desplazamientos individuales y familiares, amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes y violencia sexual. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 4.109 personas (5 por ciento de la población) han sido víctimas del conflicto armado en Amazonas desde 1985, presentándose un incremento del 4.5 por ciento en el 2023, respecto al 2022.
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