El conflicto armado en Vichada genera varios impactos en las comunidades locales y la población migrante y refugiada de origen venezolano. Se tiene presencia de GANE en territorio colombiano y venezolano en los estados de Apuré y Amazonas, con injerencia en los afluentes del río Meta, Orinoco y Vichada, donde se genera control territorial para el desarrollo de economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de armas y la trata de personas. Dentro de las afectaciones a la población civil se presentan desplazamientos individuales, amenazas, homicidios y extorsiones. Durante el primer trimestre de 2022 se presentó un desplazamiento transfronterizo de 1338 personas desde Puerto Páez (Apure, Venezuela) hacia el municipio de Puerto Carreño, producto de los enfrentamientos entre Grupos Armados No Estatales (GANE), grupos armados organizados (GAO) y amenazas de reclutamiento. Las personas con necesidades de protección internacional ingresaron en su mayoría a través de las inspecciones de La Venturosa, Puerto Murillo y Aceitico, ubicados a orillas del río Meta. La falta de visibilidad nacional, lo remotas e incomunicadas de algunas comunidades y la desconfianza institucional limita la ayuda, así como provoca vacíos de información de las afectaciones a la población civil.
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