Colombia

  • Plan de Respuesta a Prioridades Comunitarias
  • Del: 01/01/2024 al: 31/12/2024
  • Publicado: 15/03/2024
  • Coordinado por: OCHA

Colombia Plan de Respuesta a Prioridades Comunitarias (PRPC) 2024-2025 / Análisis de las prioridades humanitarias y severidades

Región Orinoquía y Amazonía

Hallazgos

  • Continúa siendo limitada la presencia del Estado, la cual ha sido aprovechada por diferentes GANE para mantener el control territorial y las economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y comercio sexual) en Amazonas, Guainía y Vaupés. Aumento de presencia y capacidad militar en: Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. 
  • En estos departamentos confluyen distintos impactos ambientales asociados a los efectos del cambio climático y a los problemas generados por la minería, la deforestación, la siembra expansiva de coca, la proliferación de laboratorios de procesamiento de cocaína, que generan contaminación de las fuentes hídricas, afectando los ecosistemas y a las comunidades rurales.
  • El aumento de las amenazas a lideres indígenas, defensores ambientales, funcionarios públicos, incentivan el abandono de liderazgos comunitarios, sociales, participativos y representativos.
  • Aumento de niños, niñas y adolescentes desescolarizados, lo que tiene graves implicaciones dado los altos índices de reclutamiento forzado en la región.
  • Los GANE, en pro de buscar legitimidad, han logrado establecer vínculos con las comunidades, sirviendo como mediadores de conflicto, en ocasiones brindando ayudas a las comunidades y en otras sembrando el terror con homicidios ejemplarizantes. 
PiN and Severity for Region Orinoquía y Amazonía

Meta-Guaviare

En el marco del conflicto armado se ha observado un aumento de la violencia por parte de los Grupos Armados No Estatales (GANE) lo que ha ocasionado afectaciones por: a. Restricciones a la movilidad de la población civil por imposiciones de los GANE, dificultando el acceso a servicios básicos como salud, educación y alimentación; b. Ataques contra la población civil causando víctimas por masacres, homicidios, desapariciones, secuestros, amenazas y atentados; c. Emergencias humanitarias como desplazamientos masivos y confinamientos que sueles ser invisibilizados; y d. Violencias Basadas en Género (VBG) entre ellas la violencia sexual ejercida por los GANE como forma de control social y territorial de la población. Igualmente, las comunidades campesinas en el sur del Meta y del departamento del Guaviare han debido a señalamientos y estigmatizaciones por parte de los diferentes actores estatales y no estatales que están inmersos en el territorio. Entre otras afectaciones identificadas persisten las amenazas y extorsiones contra ganaderos, comerciantes y agricultores quienes ven menguados sus medios de vida.

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Caquetá

En 2023, los grupos armados no estatales (GANE) han aumentado su presencia territorial (reflejada en normas de conducta exigidas a las comunidades, extorsiones, y amenazas), sus acciones armadas (enfrentamientos, combates y uso de Minas Antipersonales -MAP-, Trampas Explosivas -TE-, y Artefactos Explosivos Improvisados -AEI-) y acciones contra la población civil (homicidios y secuestros) en 16 municipios del departamento y especialmente en las zonas rurales más distantes, donde las restricciones a la movilidad, las amenazas, los enfrentamientos y los combates son los eventos con mayores riesgos de impacto humanitario, que pueden generar eventos de desplazamiento masivo y confinamiento de la población.

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Putumayo

Los municipios con mayor afectación por conflicto armado son los que se encuentran en las subregiones del medio y bajo Putumayo. Siendo que los municipios que se enmarcan en los niveles de severidad extremo y catástrofe son Puerto Leguizamo, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, San Miguel, Orito y Puerto Asís. En donde se identifica con mayor necesidad y premura en el departamento los clústeres de: protección, Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN), Salud, Educación en Emergencias (EeE) y Agua Saneamiento e Higiene (WASH). 

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Amazonas

Desde el 2020 se ha generado una expansión territorial de los grupos armados no estatales, quienes han convertido los principales ríos que atraviesan el departamento en corredores de economías ilegales hacia Brasil, intentando controlar el territorio. Gracias a la condición geográfica de Amazonas establecen alianzas cada vez más fuertes con grupos criminales internacionales (de Brasil, México y Perú) para la consolidación de un corredor de narcotráfico internacional. Su presencia y sus acciones generan afectaciones individuales y colectivas a la población civil. Los principales hechos victimizantes son: desplazamientos individuales y familiares, amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes y violencia sexual. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 4.109 personas (5 por ciento de la población) han sido víctimas del conflicto armado en Amazonas desde 1985, presentándose un incremento del 4.5 por ciento en el 2023, respecto al 2022. 

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Guainía

Según información de las autoridades territoriales de Guainía, el 13 de septiembre llegó una embarcación con tres personas heridas por impacto de bala. De acuerdo al testimonio de familiares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llevó un operativo de desmantelamiento a los campos mineros en el Parque Nacional Yapacana, ubicado en territorio venezolano, y debido a la situación de violencia, la población que trabaja y reside en la mina huyó hacia Puerto de Inírida y Puerto Minero, dos puertos importantes del departamento. En las embarcaciones llegaron cientos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, familias completas, algunos heridos e, incluso, una persona que murió en el camino de la mina hacia Puerto Inírida. En este operativo llevado por las fuerzas de seguridad venezolana denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. 

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