Desplazamiento junto con el sobreviviente de AEI para realizar visita de acompañamiento psicosocial. Campaña Colombiana Contra Minas CCCM/Sebastian Caro
Colombia enfrenta una crisis humanitaria multidimensional caracterizada por la persistencia del conflicto armado, los desastres de origen natural —exacerbados por el cambio climático— y las dinámicas de flujos migratorios y movimientos mixtos. Estas condiciones han generado impactos significativos en poblaciones históricamente vulnerables, incluyendo pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y negras, comunidades campesinas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como personas refugiadas y migrantes.
Los desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y múltiples eventos de violencia — asociados a la presencia de GANE en al menos el 78%1 de las zonas rurales— han deteriorado el tejido social y la resiliencia comunitaria generando necesidades humanitarias especialmente en términos de protección. Las comunidades con mayores niveles de afectación se concentran en territorios históricamente impactados por el conflicto armado, particularmente en la región del Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó). Asimismo, se observa una reactivación de emergencias humanitarias en áreas que enfrentan impactos combinados de conflicto y desastres, incluyendo la Amazonía, la zona fronteriza con Venezuela y el noroccidente del país.
En 2025, al menos 1,5 millones de personas se vieron afectadas por la violencia y el conflicto armado, tres veces más que en 20242. La región del Pacífico, la frontera con Venezuela y la región noroccidental registraron el mayor número de emergencias relacionadas con desplazamientos masivos, confinamientos y restricciones a la movilidad. La crisis humanitaria en la subregión del Catatumbo a inicios de 2025 —la emergencia de desplazamiento más grande en Colombia desde 2016, que afectó al menos a 150.200 personas3 — evidenció la persistencia y el agravamiento de la violencia contra civiles. Las emergencias también reaparecieron en zonas afectadas simultáneamente por el conflicto y por desastres, especialmente en la región amazónica.
Las poblaciones más vulnerables enfrentan riesgos crecientes de protección, evidenciados en un aumento del 58% en víctimas por ataques contra civiles en 2025 frente al mismo periodo de 20244. Estos incluyen homicidios selectivos, amenazas colectivas e individuales, violencia de género y sexual, tortura y dinámicas de control social. Las graves violaciones contra la niñez han aumentado por quinto año consecutivo, con especial preocupación ante el reclutamiento, uso y utilización, violencia sexual, asesinatos, uso de instituciones educativas por actores armados, ataques con explosivos cerca de escuelas y amenazas a docentes. Los niños indígenas, campesinos y afrocolombianos son los más vulnerables por la ubicación de sus territorios y las brechas históricas en el acceso a derechos, debilitando la resiliencia comunitaria.
El incremento de incidentes con artefactos explosivos ha elevado los riesgos para la población civil, incrementando el número de víctimas frente a 20245. Se destaca el incremento y la expansión geográfica en el uso de explosivos transportados por drones, un nuevo riesgo inminente para la población civil.
Severidad de las necesidades
Personas en necesidad por departamento
Asimismo, los desastres de origen natural, exacerbados por el cambio climático, han aumentado la vulnerabilidad de la población. Fenómenos como inundaciones a gran escala, deslizamientos, vendavales y sequías han afectado gravemente la seguridad alimentaria, la salud y el acceso a servicios básicos, especialmente en las zonas rurales. A octubre de 2025, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que más de 918.000 personas habían sido afectadas por emergencias asociadas a desastres—un 36% de esta población requirió asistencia complementaria del EHP11. En 2025, estos impactos fueron particularmente severos en áreas de la Amazonía y en departamentos como Chocó y Antioquia. Estas emergencias se concentran con frecuencia en regiones con presencia de conflicto armado, lo que sobrecarga las capacidades locales y las respuestas humanitarias, afectando de manera particular a comunidades rurales y étnicas, intensificando las necesidades humanitarias y erosionando la resiliencia.
Colombia sigue siendo un país clave de acogida y tránsito para movimientos mixtos, principalmente provenientes de Venezuela y otras regiones, que continúan generando importantes necesidades humanitarias. Actualmente, al menos 2,8 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas se encuentran en Colombia, el principal país de acogida de la región. Persiste una alta demanda de protección y regularización, desbordando en ocasiones la capacidad institucional particularmente en departamentos fronterizos.
Aunque Colombia es considerado un país de renta media, se mantiene entre los más desiguales de la región, lo que limita el acceso digno a bienes y servicios básicos. Al menos el 31,8% de la población vive en condiciones de pobreza monetaria, cerca del 95% de quienes habitan zonas rurales y periféricas afectadas por conflicto y desastres presentan necesidades básicas insatisfechas, mientras que en los centros urbanos el 11% de los hogares presenta pobreza multidimensional frente a un 24,3% de los hogares en zonas rurales. La imposición de medidas de control social violento por parte de los Grupos Armados No Estatales, la limitada presencia estatal y la ausencia de servicios básicos incrementan la vulnerabilidad ante la falta de acceso a educación, salud, seguridad alimentaria y medios de vida.
Para 2025, más de 1,4 millones de personas se vieron afectadas por restricciones al acceso humanitario, con 381 incidentes que obstaculizaron la entrega oportuna de asistencia. Estos hechos incluyen ataques contra misiones médicas, retrasos en la atención de emergencias por retenes, acciones armadas y uso de AE, reflejando el deterioro de la protección y el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en áreas con limitada presencia estatal.
[5] Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA). 103 víctimas por minas antipersonales y municiones sin explotar entre enero y septiembre 2025, un aumento de 14% frente al mismo periodo de 2024.