Para 2026 se estima que 6,9 millones de personas tendrán necesidades humanitarias multisectoriales en Colombia, con una priorización de 2,6 millones personas en municipios clasificados en severidad 4 y 5. El número de población a priorizar incremento en un 30% debido a los impactos del conflicto armado, las dinámicas de control territorial ejercidas por Grupos Armados No Estatales (GANE) y los desastres de origen natural que afectan principalmente a comunidades en zonas rurales remotas con presencia estatal limitada.
Al menos 9,9 millones de personas en Colombia viven bajo la influencia de GANE, una cifra aproximadamente equivalente a toda la población de Bogotá. Para mediados de 2025, la presencia de los GANE incremento a nuevos municipios, con lo cual tienen presencia en el 60% de los municipios del país (665 de 1.112). Las poblaciones rurales son las más afectadas. Se estima que el 78% vive bajo la influencia de estos grupos, lo que las expone a mayores riesgos de protección y a la violación sistemática de sus derechos fundamentales. Las niñas, niños y adolescentes (NNA), mujeres, pueblos étnicos (indígenas y afrodescendientes), población rural/campesina, personas LGBTIQ+, refugiados y migrantes continúan siendo los grupos más afectados.
Severidad de las necesidades
Personas en Necesidad
Prioridades comunitarias, preferencias y capacidades
“Queremos que nos escuchen, que no se olviden de nosotros, somos una comunidad muy unida y fuerte, y junto a las ayudas que nos entreguen podemos mejorar nuestras condiciones de vida.”
Frente a este panorama, las necesidades humanitarias son urgentes y transversales. Se requiere garantizar seguridad alimentaria, acceso a agua potable, salud, educación y alojamiento, junto con medios de vida sostenibles para reducir la dependencia de la ayuda humanitaria.
“Nosotros vivimos muy felices en nuestra comunidad, (…) la tranquilidad es muy bonita. Si me da hambre hay naidí, pero con agua contaminada ¿cómo hacemos para bañarnos’. Si no llueve no hay agua para el consumo; uno sin el agua no vive, el agua es salud.”
La protección integral es prioritaria, con acciones para prevenir reclutamiento forzado, violencia sexual y otras violaciones graves, además de atención psicosocial y mecanismos de autoprotección comunitaria. Asimismo, es esencial fortalecer la coordinación intersectorial e interinstitucional y las capacidades locales para garantizar una respuesta anticipada y sostenible, especialmente ante la reducción de fondos internacionales.
“Mi pueblo Bari está en crisis humanitaria y se requiere apoyo e intervención del gobierno colombiano y la cooperación; y de esa forma contribuir con el bienestar del desarrollo propio y contribuir a tener territorios en paz.”
Las prioridades comunitarias reflejan la urgencia de salvar vidas, garantizar protección y acceso a derechos en contextos de multi afectación. Las comunidades han enfatizado en la necesidad de promover la protección comunitaria, prevención del reclutamiento y acceso a educación y servicios básicos, con enfoque cultural. Se priorizan entornos seguros, el desminado de los territorios, la señalización de escuelas como espacios seguros y fortalecer estrategias de autoprotección. Se requiere protección inmediata para niños, niñas y adolescentes y comunidades indígenas ante el avance de actores armados.
“Lo que uno quiere decirle al departamento y a la nación es ¡miren a Paéz! Estamos pasando por una crisis, requerimos inversión en proyectos, medidas de protección para niños, niñas y adolescentes en temas de reclutamiento.”
Las comunidades indígenas, refugiadas y migrantes —principalmente en la frontera con Venezuela— han destacado la necesidad de acceso urgente a agua, salud y alimentación, junto con atención integral frente a desnutrición, xenofobia y exclusión, mediante transferencias monetarias y oportunidades socioeconómicas.
“Que vean el vivir de nosotros los indígenas acá, que nosotros estamos pidiendo territorio, darle alimentación a nuestros niños porque aquí no se puede sembrar. Que instituciones nos puedan ayudar en la mejora de calidad de vida. Que necesitamos territorio para llevarnos nuestros muchachos para vivir como gente.”
Estas prioridades evidencian la necesidad de una respuesta humanitaria centrada en la protección, la equidad y la sostenibilidad, que refleje las voces de las comunidades y aborde las brechas críticas en los territorios más afectados.
Las comunidades en Colombia se caracterizan por su liderazgo y organización, especialmente los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas afectados por el conflicto.
“Continuamos en pie de lucha, aquí nacimos y seguimos dándola toda por mejorar nuestras condiciones de vida. Agradecemos a la cooperación por hacer presencia en el territorio y esperamos generar espacios a futuro que permitan cambios en la comunidad.”
Hay resiliencia ante los diversos escenarios de emergencia que se generan por conflicto y por desastres. Se destacan los conocimientos comunitarios y las medidas propias de autoprotección. Las comunidades cuentan con conocimiento y agencia en las denuncias en las vulneraciones de sus derechos y en ejercicio de participación social.
“Los que no conocen la Pampa que se llenen de ganas y que vengan a conocer a una comunidad que está llena de ganas, de resiliencia y de amor por el trabajo, de tranquilidad, de una gente bonita que no quiere abandonar su territorio y quiere seguir, que quiere la paz y que quiere un territorio de paz…”
Perspectivas humanitarias y riesgos
El panorama de 2026 proyecta una crisis multidimensional agravada por el incremento de necesidades humanitarias y territorios afectados por la presencia de Grupos Armados No Estatales. Dentro de los principales riesgos se destacan:
Reclutamiento, uso y utilización: Dentro de las graves violaciones contra la niñez se estaca con preocupación el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en un contexto de expansión de Grupos Armados No Estatales, principalmente en contextos de desescolarización y escenarios de pobreza. Es de preocupación los nuevos mecanismos de reclutamiento, incluyendo el uso de plataformas digitales.
Confinamientos prolongados, desplazamiento forzado, y control social. Todos estos eventos generan a su vez restricciones a la movilidad, incidentes de acceso y retornos sin garantías de protección. El control territorial y social ejercido por los Grupos Armados No Estatales ha intensificado los riesgos de protección para la población civil, principalmente en territorios rurales del Pacífico, Noroccidente, Amazonía, Orinoquía y zonas de frontera con Venezuela. Esta situación restringe la movilidad y el acceso a derechos esenciales, y genera escenarios de revictimización y violencia generalizada.
Violencia Basada en Género y Violencia Sexual: La presencia de Grupos Armados no Estatales, la falta de atención institucional y los vacíos en la cobertura de atención podrían incrementar los casos de explotación sexual y la trata de personas, especialmente en zonas de frontera. Mujeres migrantes, indígenas y población LGBTIQ+ se identifican como la población más vulnerable.
Uso de Drones con Cargas Explosivas: Preocupa particularmente la expansión geográfica del uso de artefactos explosivos transportados por drones, con incidentes reportados en al menos ocho departamentos. Esta modalidad de violencia aún no se encuentra adecuadamente incorporada en los marcos normativos y operativos nacionales de atención a víctimas, lo que genera vacíos significativos en los procesos de identificación, asistencia y reparación integral. El uso indiscriminado de estos artefactos agrava los impactos en la salud mental de las comunidades afectadas y constituye una violación de los principios de distinción, humanidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Explotación Laboral y exclusión de población migrante irregular enfrentan explotación laboral, abuso infantil y acceso limitado a servicios básicos, especialmente en departamentos fronterizos. La falta de documentación y regularización perpetúa la exclusión social y económica en contextos urbanos.
La debilidad institucional en territorios como Vichada, Magdalena Medio, Amazonas y La Guajira, marcada por baja capacidad operativa, alta rotación de personal y salida de actores humanitarios debido a los vacíos de financiación, lo que limita la respuesta en salud, educación, alojamiento, agua potable y protección. La inseguridad, la desconfianza comunitaria y la ausencia estatal dificultan aún más el acceso humanitario en zonas aisladas y de conflicto.
Período electoral: Aumentan las preocupaciones frente a la violencia preelectoral, incluyendo ataques contra candidatos, líderes políticos y personas defensoras de derechos humanos, lo que podría agravar aún más la inestabilidad, reducir el espacio cívico y socavar las condiciones de seguridad para la participación electoral en territorios ya fuertemente afectados por el conflicto armado.
Pérdida de medios de vida por fenómenos climáticos. Las poblaciones étnicas y campesinas enfrentan desastres de origen natural y dada su ubicación geográfica en zonas dispersas, dificulta los ejercicios de preparación y prevención de riesgos de desastres, además de sobrecargar las capacidades locales.