Como parte de la metodología del diagnóstico de necesidades, en Colombia cada año se realizan talleres en los diferentes Equipos Locales de Coordinación, en los cuales participan desde socios, contrapartes, representantes de comunidades, instituciones, Ministerio público, entre otros, quienes hacen parte del juicio de experto. En estos espacios se realiza análisis de contexto destacando las preocupaciones, riesgos, población y lugares más afectados en cada departamento, como parte del Ciclo de Programación Humanitario. De este análisis, también resulta la planeación territorial en la cual se priorizan las comunidades que se prevé atender de manera urgente y en un corto plazo, según la severidad/gravedad. En ese sentido, a continuación, se destaca un resumen del análisis regional realizado, destacando las prioridades comunitarias, necesidades intersectoriales y sectoriales.
Riesgo de desastres
Riesgo de confinamiento
Región Pacífico (Chocó, Valle, Cauca, Nariño)
La respuesta en el Pacífico debe priorizar la Protección y la continuidad de servicios para NNA, mujeres y liderazgos sociales/étnicos. Específicamente, se requiere la implementación de acciones coordinadas de prevención del reclutamiento (Educación/Protección) en áreas críticas como Argelia (Corregimiento La Belleza) y Silvia (Resguardo de Pitayo) en Cauca, y en Tumaco y la Cordillera Nariñense, que están en alto riesgo. El objetivo es salvar vidas y mitigar el desarraigo cultural de comunidades indígenas y afrodescendientes, fortaleciendo sus capacidades de autoprotección. La logística y el acceso humanitario son el condicionante principal, ya que las restricciones impuestas por los GANE o la falta de concepto de seguridad limitan la llegada de ayuda, requiriendo de una coordinación interinstitucional ágil para realizar censos y misiones humanitarias oportunas.
Necesidades intersectoriales
La región Pacífico enfrenta una crisis humanitaria compleja caracterizada por la convergencia de conflicto armado, desastres de origen natural y movilidad humana, generando escenarios de triple afectación, especialmente en Buenaventura (Valle) y a lo largo de la costa y cordillera nariñense. La dinámica principal es la expansión y atomización de los Grupos Armados No Estatales (GANE) que ejercen un control territorial y social intenso, especialmente en zonas rurales y costeras como el San Juan y el Baudó en Chocó, y la Cordillera/Costa Nariñense. Se ha documentado la presencia de bandas transnacionales en Nariño. Esto se traduce en restricciones críticas a la movilidad y confinamientos prolongados que impiden el acceso a servicios esenciales, afectando a personas en 30 de los 42 municipios del Cauca, siendo Argelia, Buenos Aires y Suárez los más críticos. Las comunidades más afectadas son indígenas (Awá, Embera, Pastos), afrodescendientes, y campesinos en Nariño (Sanquianga, Telembí) y Cauca, que sufren revictimización al llegar a entornos urbanos como Cali. Las necesidades intersectoriales urgentes giran en torno a la seguridad y la protección de liderazgos frente a amenazas y homicidios, y el acceso a medios de vida sostenibles para contrarrestar la cooptación de jóvenes por economías ilícitas y la dependencia de ayuda humanitaria.
Necesidades sectoriales
En el sector Salud/Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS), el acceso a servicios, incluso para urgencias o enfermedades crónicas, es limitado debido a las restricciones de movilidad de los GANE o la falta de infraestructura y personal capacitado. Existe una necesidad urgente de atención psicosocial, ya que el miedo, la angustia y el agotamiento por el conflicto y el confinamiento han provocado un aumento de casos de suicidio, especialmente en mujeres indígenas en Chocó y en jóvenes y adultos mayores en Nariño. El sector Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) es crítico en Chocó y Cauca, donde la contaminación de ríos por minería ilegal y la falta de tratamiento de agua afectan la salud comunitaria, sumado a los daños por la ola invernal. En Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, los cultivos de pancoger han disminuido o sido contaminados por minería ilegal y minas antipersonal (MAP), afectando gravemente la dieta campesina y generando inseguridad alimentaria y dependencia.
En Educación, la brecha es alta debido a la deserción escolar por el riesgo de reclutamiento, el ausentismo docente por amenazas o la ocupación de escuelas por actores armados (Valle, Cauca). La exigencia indebida del Permiso por Protección Temporal (PPT) como requisito para la escolarización de NNA migrantes en Buenaventura y Cali genera exclusión y aumenta su vulnerabilidad. Las necesidades de Alojamiento/Artículos No Alimentarios (NTFI) son apremiantes en Buenaventura y Nariño, ya que los desplazamientos masivos e intraurbanos requieren de albergues seguros, siendo estos insuficientes. En Protección, se evidencia un subregistro alarmante de Violencia Basada en Género (VBG), especialmente violencia sexual en el marco del conflicto. Las mujeres y niñas migrantes en tránsito por la frontera de Nariño (Ipiales, Tumaco) y Chocó (río San Juan, Sipí) están expuestas a explotación sexual y trata de personas, un riesgo con alta probabilidad. Los vacíos de cobertura son notables por la salida de ONG y la baja capacidad institucional en atención a niñez y VBG.
Riesgos
El riesgo de Reclutamiento, Uso y Utilización de NNA se mantiene en nivel Alto/Extremo en la región. Esto se justifica por la conducta activa y creciente de los GANE de cooptar a menores a través de promesas de poder, dinero y estatus o mediante la vinculación a economías ilícitas (narcotráfico, minería). Esto afecta especialmente a NNA en Tumaco, Policarpa (Nariño), Buenaventura, Dagua (Valle) y Páez/Silvia (Cauca). El Impedimento o restricción ilícita a la libertad de circulación, confinamiento y desplazamiento forzado (Nivel Alto/Extremo) es resultado de las acciones armadas sostenidas y el control social de los GANE. Este riesgo impacta a comunidades étnicas (Awá, afrodescendientes) y campesinos, forzándolos a un retorno sin garantías o a la pérdida de medios de vida. Los Ataques contra la población civil, asesinatos selectivos y amenazas a líderes sociales son de probabilidad Alta, como conducta deliberada de GANE para imponer códigos de conducta y silenciar la defensa de DDHH. Hay un vacío de información oficial sobre flujos migratorios inversos y su impacto en protección en la ruta del Pacífico (Buenaventura, Nariño). La disfunción del sector Educación está marcada por la ocupación de centros educativos por actores armados (Nivel Alto). El reclutamiento ha aumentado de manera exponencial con registros que suben hasta un un porcentaje significativo desde una cifra elevada , aunque con un alto subregistro. — Plan para cerrar brecha: identificar fuente objetivo (Defensoría/ICBF/Secretarías/socios), asignar responsable y actualizar en 2–4 semanas.
Región Amazonía y Orinoquía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés)
La prioridad estratégica es la protección inmediata de niñas, niños, adolescentes (NNA) y liderazgos comunitarios frente al reclutamiento y la violencia armada, con enfoque en municipios de alta severidad como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Solano (Caquetá); Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo (Putumayo); Puerto Santander, Tarapacá y La Pedrera (Amazonas); y zonas del Meta limítrofes con Guaviare.
Se busca fortalecer los entornos escolares, los espacios comunitarios y el gobierno propio indígena como medidas de prevención, junto con la implementación de proyectos de medios de vida resilientes al clima y al conflicto. En Meta y Guaviare, las prioridades se centran en garantizar seguridad y movilidad en zonas confinadas, prevenir el reclutamiento y la explotación laboral de NNA y jóvenes, y fortalecer la educación como eje de resiliencia comunitaria. Es fundamental reducir las brechas institucionales frente a población migrante y refugiada y mejorar la capacidad de respuesta ante la xenofobia y la violencia social. Los principales condicionantes son la desconfianza hacia las instituciones (por filtración de información), la baja presencia estatal, y las limitaciones logísticas y de acceso derivadas tanto del conflicto como de fenómenos ambientales (sequías, inundaciones).
Necesidades intersectoriales
La región enfrenta una crisis humanitaria estructural caracterizada por la coexistencia del conflicto armado, economías ilícitas y degradación ambiental. En Caquetá, Putumayo y Guaviare, los conflictos territoriales y la expansión de cultivos ilícitos y minería ilegal son los principales motores del riesgo. En Meta (zona de articulación con Guaviare), el aumento de extorsiones, confinamientos y control social por parte de grupos armados no estatales (GANE) afecta directamente la movilidad de las comunidades, el comercio y los medios de vida rurales.
Las necesidades intersectoriales más relevantes se relacionan a: i. Garantizar seguridad, movilidad y protección integral en zonas de confinamiento. ii. Rehabilitar infraestructura educativa y habitacional indígena (malocas, internados). Iii. Fortalecer la atención en salud y el acceso a agua potable en comunidades dispersas. Iv. Promover una respuesta interinstitucional Meta–Guaviare–Caquetá que articule los factores de violencia y aislamiento ambiental. La baja capacidad institucional y la fragmentación de la respuesta estatal generan desconfianza y vulnerabilidad prolongada. La población indígena (Nukak, Jiw, Misak y pueblos amazónicos) y los NNA son los más afectados, enfrentando desnutrición infantil, falta de acceso a documentación, interrupción educativa y exposición directa al reclutamiento.
Necesidades sectoriales:
Salud y SMAPS: La alta afectación psicosocial en población desplazada y confinada (Amazonas, Guaviare, Meta), con limitado acceso a servicios por la escasez de personal y las restricciones de movilidad. Las rutas de atención a salud mental son lentas y fragmentadas, lo que desincentiva su uso por parte de la población. Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN): Los medios de vida rurales están severamente afectados por el conflicto, la sequía y la contaminación minera (río Caquetá). En Guaviare y Meta, las extorsiones, pérdida de cosechas y restricciones de movilidad agravan la inseguridad alimentaria. Jóvenes rurales son empujados a economías ilícitas como el raspado de coca o la minería informal.
Educación: Los cierres prolongados de clases por paros armados, confinamientos e inundaciones han generado graves rezagos en el aprendizaje y elevado el riesgo de deserción y reclutamiento de NNA. La infraestructura educativa es precaria o está en zonas de riesgo por la presencia de GANE o contaminación por MAP/MUSE. Agua, saneamiento e higiene (WASH): La escasez de agua potable es generalizada en comunidades indígenas del Amazonas y en asentamientos rurales de Guaviare y Meta. Las soluciones locales (pozos, captación pluvial) son frágiles ante la prolongada sequía y los altos costos logísticos.
Protección: La violencia basada en género (VBG) y la violencia sexual son persistentes en territorios con fuerte presencia armada. Existe alto riesgo de explotación laboral y sexual hacia población migrante, especialmente en Guaviare (Miraflores, Calamar) y Meta (Mapiripán, Puerto Gaitán), donde el estatus irregular facilita abusos y trabajo no remunerado.
Riesgos
Reclutamiento, uso y utilización de NNA: Impulsado por la expansión de los GANE que cooptan jóvenes a través de economías ilícitas en contextos de desescolarización, pobreza y desempleo juvenil. Control social y extorsiones: Se mantienen prácticas de regulación de movilidad y cobro de “vacunas” a transportadores y comerciantes (Meta, Guaviare, Caquetá), afectando el comercio local y la circulación de ayuda. Presencia de MAP/MUSE: Riesgo creciente en Caquetá y zonas rurales de Meta y Guaviare, afectando caminos veredales y centros educativos. Explotación laboral y sexual de población migrante: Prevalente en Guaviare (Miraflores, Calamar), Putumayo y Meta, donde la irregularidad migratoria permite prácticas abusivas y salarios por debajo del mínimo. Factores sociales y políticos: El factor social es alto debido a la ruptura del tejido comunitario y la desconfianza hacia el Estado, mientras que el factor político también lo es por la débil gobernanza y fragmentación institucional en los territorios.
Región Noroccidente (Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre)
La prioridad es la Protección de la vida civil y la prevención del reclutamiento, dirigida a NNA, líderes sociales y población étnica en las zonas de mayor conflicto (Santa Rosa del Sur, Montecristo, San Pablo en Bolívar; Briceño, Ituango en Antioquia; Tierralta, Puerto Libertador en Córdoba). Esto implica implementar estrategias de autoprotección comunitaria, desminado humanitario y cerramiento/señalización de escuelas como bienes protegidos por el DIH. En contextos urbanos (Medellín, Barrancabermeja), la prioridad es la integración socioeconómica y la atención en salud para la población R&M irregular. La coordinación interdepartamental (Santander, Bolívar, Cesar) es un condicionante esencial para una respuesta articulada y anticipatoria, dado que la atención se centraliza en las capitales y las administraciones locales tienen recursos limitados.
Necesidades intersectoriales
Esta región experimenta un agravamiento sostenido de las emergencias humanitarias debido a la intensificación de la disputa territorial entre GANE por el control de las rentas ilegales. Esto se evidencia en el aumento y recurrencia de desplazamientos masivos y confinamientos con impacto poblacional de gran magnitud; Santa Rosa del Sur, Montecristo, Cantagallo, y el desplazamiento individual continua hacia centros urbanos como Medellín. Las comunidades indígenas (Embera, Zenú) y campesinas enfrentan despojo territorial y restricciones de movilidad por MAP/MUSE. Medellín y Barrancabermeja son prioridades de atención por su rol de recepción y la alta vulnerabilidad de la población refugiada y migrante irregular en entornos urbanos y de frontera, que carece de documentación y enfrenta xenofobia. Las necesidades intersectoriales giran en torno a la protección de NNA y liderazgos frente a la cooptación y amenazas, la seguridad alimentaria (interrumpida por paros armados) y la atención a la doble/triple afectación (conflicto + clima + movilidad).
Necesidades sectoriales
En Protección y Niñez, se reporta un reclutamiento forzado silencioso donde NNA salen del hogar por pobreza o idealización del poder de los GANE (a partir de 8 años), o reclutamiento directo (Briceño, 22 casos documentados, 5 muertes). En VBG, las mujeres (migrantes, indígenas) y la población LGBTIQ+ enfrentan alta exposición a violencia sexual, explotación, discriminación y sobrecarga de cuidados, exacerbada por la presencia de GANE. El sector Salud/SMAPS reporta altos niveles de angustia, miedo y ansiedad, siendo el acceso a salud una de las principales motivaciones de migración a Medellín (adultos mayores/enfermedades crónicas). En Educación, las escuelas han sido atacadas o utilizadas por GANE, generando desplazamiento de docentes, suspensión de clases (hasta seis meses) y hacinamiento en municipios receptores. La Seguridad Alimentaria se ve afectada por la interrupción de jornales debido a confinamientos; la contaminación de fuentes hídricas por minería ilegal afecta el WASH. La falta de Alojamiento es crítica en Medellín, donde la negación de servicios obliga a R&M a vivir en inquilinatos con hacinamiento y riesgo de desalojo. Existen vacíos de respuesta debido a la alta rotación institucional y la inminente salida de la cooperación internacional (ELC Magdalena Medio).
Riesgos
Impedimento o restricción ilícita a la libertad de circulación, confinamiento y desplazamiento forzado es Alto en la Serranía de San Lucas y el Sur de Córdoba. Esto se justifica por el control social estricto y la imposición de códigos de conducta por parte de los GANE. El Reclutamiento, Uso y Utilización de NNA es Alto en el Bajo Cauca, Norte de Antioquia (Briceño, Valdivia) y Magdalena Medio, basado en la conducta de los GANE de instrumentalizar a jóvenes en economías ilícitas o reclutarlos forzosamente, a menudo mediante la idealización del poder. Los Ataques contra la población y bienes civiles (Nivel Alto) se justifican por la conducta de los GANE de utilizar medios de guerra no convencionales (drones con explosivos) y homicidios selectivos contra líderes (Santa Rosa del Sur, Cantagallo, Yondó). Un vacío importante es la Invisibilización del desplazamiento individual ("gota a gota") en Antioquia y Córdoba, lo que dificulta la activación de rutas de atención. La VBG es también Alto en zonas urbanas y de control armado. La disfunción del sector Alojamiento/NTFI presenta hacinamiento y exposición a violencia en inquilinatos (Medellín, Bello).
Región Nororiente/frontera (La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada)
Las prioridades se centran en la respuesta humanitaria articulada y sostenida en municipios de severidad extrema (Nivel 4/5), como Tibú, Hacarí, La Playa, El Carmen, Cúcuta (Norte de Santander) y Riohacha, Dibulla, Uribia, Maicao (La Guajira). En Vichada, la prioridad es la garantía de seguridad y acceso a servicios básicos para comunidades indígenas, población migrante y campesina, especialmente en Puerto Carreño y Cumaribo, ya que existe una incapacidad extrema para satisfacer las necesidades básicas. Se requiere salvar vidas y proteger derechos mediante el fortalecimiento del acceso a agua potable (La Guajira), la provisión de kits alimentarios/transferencias monetarias y la protección integral de NNA frente al reclutamiento y la desnutrición (Arauca, Catatumbo). Es crucial fortalecer la capacidad local/institucional para la atención a población R&M (Fortul, Arauquita), ya que el desborde de capacidades es crítico. Los condicionantes incluyen la debilitación estructural del Estado y la ausencia de un enfoque integral para soluciones duraderas.
Necesidades intersectoriales
La región Nororiente/frontera se define por la convergencia de los tres conductores de crisis: violencia armada, desastres naturales y movilidad humana. Norte de Santander es el segundo departamento a nivel nacional con mayores restricciones al acceso humanitario, junto con una reconfiguración del conflicto armado. La movilidad humana mixta (migrantes, refugiados, retornados) genera una presión desbordada sobre la capacidad institucional, especialmente en Fortul (Arauca), donde la población migrante puede superar a la local, y en Maicao/Cúcuta. Vichada, en esta región de frontera, se caracteriza por la persistencia del conflicto armado y el recrudecimiento de las economías ilícitas, generando alto riesgo de protección, especialmente en zonas ribereñas y rurales dispersas de Puerto Carreño y Cumaribo. La Guajira enfrenta el fortalecimiento del control social y territorial por GANE (un incremento en confinamiento), afectando gravemente a comunidades indígenas (Wayuu, Wiwa, Kogui) en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y la Alta Guajira. Las brechas estructurales históricas (acceso a servicios básicos, pobreza) se exacerban por la variabilidad climática (sequías, inundaciones) que destruye medios de vida. Las necesidades intersectoriales prioritarias son el acceso a agua potable (crítico en La Guajira), la seguridad alimentaria y la protección ante la violencia armada y las barreras de regularización migratoria. En Vichada, las necesidades se centran en la garantía de derechos básicos (agua potable, salud, educación), especialmente para comunidades indígenas (Sikuani) y migrantes.
Necesidades sectoriales
En Salud/SMAPS, el acceso es limitado por falta de documentación, distancia y costos, siendo la salud mental una preocupación creciente (ansiedad, depresión, suicidio) en Maicao, Arauca y Vichada. En Norte de Santander, la VBG es el tercer evento de salud pública en albergues, y hay un alto riesgo de desnutrición en NNA, especialmente en el pueblo Barí. En Vichada, la población migrante irregular solo accede a servicios de urgencia, calificados como precarios, lentos y sin acceso a medicación. En WASH, el acceso a agua apta para consumo es crítico en La Guajira rural. La Seguridad Alimentaria y Medios de Vida se deteriora por sequías, pérdida de cultivos y la dependencia de la informalidad, agravada por la falta de regularización migratoria. En Educación, la infraestructura deficiente, la presencia de GANE en centros educativos y la falta de documentación impiden la escolarización. En Alojamiento/NTFI, la capacidad de alojamiento temporal en Norte de Santander se ha reducido drásticamente, forzando a familias a asentamientos informales con carencias de WASH y protección. En Protección, la VBG incrementa constantemente, junto con riesgos de Trata de personas, explotación laboral y abuso infantil para migrantes irregulares. En Vichada, se registra un aumento de casos de VBG respecto al año anterior, y NNA en situación de calle y consumo de sustancias psicoactivos.
Riesgos
El riesgo de Reclutamiento, Uso y Utilización de NNA es de nivel Alto en todo el Nororiente (Catatumbo, La Guajira rural, Arauca) y Vichada (Puerto Carreño, Cumaribo). Esto se debe a la conducta de los GANE de fortalecer su control social y estructuras y la alta exposición de NNA por desescolarización y pobreza. El Impedimento o restricción ilícita a la libertad de circulación, confinamiento y desplazamiento forzado es de nivel Alto. Esto se justifica por el fortalecimiento del control territorial de los GANE evidenciados en confinamiento en La Guajira. La Violencia Basada en Género (VBG), incluyendo explotación sexual, tiene probabilidad Alta en La Guajira (Maicao, Uribia, Riohacha), Norte de Santander, Arauca y Vichada. El riesgo de Presencia de minas antipersona y artefactos explosivos es Alto en el Catatumbo y persistente en Arauca. Además, el riesgo de Apatridia y estatus migratorio irregular es Alto en toda la región fronteriza (La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Vichada). En Vichada, el riesgo de Trata de personas, trabajo forzado o prácticas análogas a la esclavitud es Alto en Puerto Carreño. La disfunción del sector Salud es crítica en Vichada por el riesgo de mortalidad en NNA por desnutrición (Severidad Cualitativa: 4/5 en municipios críticos).