Áreas de Responsabilidad
Áreas de Responsabilidad
Severidad de las necesidades por ubicación Protección
Resumen de Necesidades
En Colombia, la crisis humanitaria y de protección sigue siendo crítica y se prevé que se intensifique debido a la convergencia del conflicto armado, la violencia, las necesidades de protección de personas refugiadas y migrantes y los efectos de la variabilidad climática. Para 2026, el Clúster estima que al menos 5,6 millones de personas requerirán protección.
Los principales riesgos de protección incluyen: reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; violencia basada en género (VBG); desplazamiento forzado interno y confinamiento; contaminación por artefactos explosivos; discriminación y estigmatización; y maltrato psicológico y emocional que afecta el tejido comunitario. Estos riesgos impactan de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, pueblos indígenas y comunidades negras y afrodescendientes, líderes y lideresas comunitarios, población refugiada y migrante, personas LGBTIQ+ y firmantes del Acuerdo de Paz, quienes enfrentan graves barreras para acceder a servicios especializados y rutas de protección debido a la limitada capacidad institucional, los altos costos operativos y la baja presencia estatal en zonas rurales dispersas.
Estrategia de Respuesta
La estrategia de Protección incluye acciones de prevención, atención a emergencias y restablecimiento, en complementariedad con la responsabilidad del Estado en la garantía de derechos. Se implementa junto con las Áreas de Responsabilidad, dentro de un Clúster de Protección ampliado, orientado por análisis de riesgos y enfoques diferenciales que permitan mejorar la planificación y la priorización territorial. Asimismo, se desarrolla a través de los Grupos Locales de Protección (GLP), promoviendo el trabajo conjunto con actores comunitarios y autoridades locales, y articulando acciones humanitarias, de desarrollo y de paz para fortalecer entornos protectores.
Las acciones de los equipos de Protección reconocen la pertinencia de la coordinación basada en área geográfica y se ejecutan en complementariedad con las políticas públicas de atención a víctimas, de población afectada por la variabilidad climática y de atención integral a población refugiada y migrante, especialmente en regiones donde estas capacidades institucionales se ven desbordadas por emergencias recurrentes o donde persisten limitaciones para garantizar la no repetición. Todo ello se alinea con los territorios priorizados por el EHP.
Meta y priorización
El Clúster de Protección cuenta con una estructura descentralizada, un liderazgo nacional que promueve una coordinación inclusiva, con enfoque de área e integrada entre el EHP y la plataforma GIFMM (R4V). La estrategia se implementará a través de los Grupos Locales de Protección en zonas críticas del país: Eje Pacífico, Eje Frontera Venezuela y Caribe Sur. En estos territorios se incluyen coordinaciones especializadas para Violencia Basada en Género, Protección de la niñez y Acción contra minas en regiones priorizadas como: Urabá, Antioquia, Chocó, Cauca, Buenaventura, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y La Guajira.
El Clúster de Protección apoyará su implementación mediante: i) asistencia técnica y acompañamiento en análisis de riesgos de protección con los GLP; ii) articulación directa con las Áreas de Responsabilidad de VBG, protección de la niñez y acción contra minas para asegurar una implementación coherente, especializada y basada en estándares; iii) acompañamiento a autoridades locales y socios humanitarios para garantizar que los territorios priorizados cuenten con rutas de protección funcionales, análisis integrados y mecanismos seguros de denuncia.
Programación responsable, de calidad e inclusiva
El Clúster de Protección promueve una programación responsable, inclusiva y de calidad a través de mecanismos de AAP, PSEA y participación comunitaria, que se integran de manera transversal en la planificación y ejecución de las intervenciones. Esto incluye el fortalecimiento de mecanismos de retroalimentación y rendición de cuentas en los territorios priorizados, la promoción de espacios seguros para la participación de mujeres, niñas, niños y comunidades indígenas y afrodescendientes, la implementación de estándares de protección contra la explotación y el abuso sexual en todos los socios, así como la articulación con redes comunitarias y líderes locales para asegurar que la respuesta sea culturalmente adecuada, accesible y centrada en las personas.
Costeo de la respuesta
Considerando los riesgos de protección y los escenarios asociados a la prevención, la respuesta a nuevas emergencias y el apoyo a soluciones duraderas, el Clúster de Protección estima un requerimiento aproximado de USD 81 millones para 2026.
Este costeo refleja las variaciones territoriales y las diferentes severidades de protección frente a las necesidades de intervención, así como la respuesta diferenciada requerida para poblaciones mayormente afectadas, incluidas mujeres, niñas, personas mayores y personas con discapacidad.
El presupuesto se estructura conforme a las prioridades territoriales del análisis de severidad y a la necesidad de asegurar servicios de protección con estándares adecuados en los contextos más afectados.
Adaptación del Clúster de Protección
La persistencia de los riesgos de protección en Colombia plantea desafíos para avanzar hacia una transición completa del sistema humanitario, dado que no se cumplen los criterios definidos por el IASC para transferir el Clúster de Protección al Estado colombiano.
En su lugar, se propone una fase de adaptación, debido a la continuidad de crisis superpuestas que siguen generando riesgos de protección en amplias regiones del país. Asimismo, persisten capacidades institucionales desbordadas en territorios específicos, lo que impide avanzar hacia una transferencia directa.
En este marco, las Áreas de Responsabilidad (VBG, Niñez y Acción contra Minas), tanto a nivel nacional como territorial, no desaparecen; por el contrario, se consolidan dentro del Clúster de Protección como un equipo técnico unificado. Esta estructura responde a la necesidad de contar con un análisis amplio de protección basado en área geográfica, que garantice el mantenimiento de estándares mínimos de respuesta.
La transición del Clúster de Protección y de las ADR en Colombia se concibe como una nueva fase de trabajo, en la que se consolida la experiencia de un equipo que opera de manera interdisciplinaria, con enfoque territorial y bajo lógicas de colaboración armónica entre los niveles nacional y territorial.
Aunque el modelo evoluciona, los estándares mínimos de protección —en VBG, Niñez y Minas— se mantienen como principio rector de toda intervención. La adaptación implica innovar en las formas de coordinación sin comprometer la calidad, y mantener el compromiso con los principios de protección en la acción humanitaria.
Por esta razón, el Clúster de Protección ampliado en el nivel nacional consolidará un Grupo Especial Asesor (GEA), integrado por las coordinaciones de las Áreas de Responsabilidad, un representante de organizaciones comunitarias, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la academia. Este grupo orientará las acciones del Clúster de Protección en Colombia conforme a las funciones establecidas.